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Bogotá: 12 mayo 2014

CAMPESINOS ENTRAN AL DEBATE SOBRE EL POT

En la mente de los pobladores de Usme se dibujó un paisaje inmemorial cuando la Alcaldía decretó la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en agosto de 2013: “No habría expansión urbana, las 36.000 viviendas de interés social que iban a construir quedaban frenadas, el campo resistiría, recuperaríamos el sistema hídrico que alimenta la cuenca alta del río Tunjuelo, el cementerio muisca de la hacienda El Carmen se quedaría en su lugar, no machacado por las retroexcavadoras.

Seguiríamos produciendo hortalizas, papa, leche, no pidiendo limosna debajo de un puente”, dice Otilia Cuervo, coordinadora de la mesa campesina del borde urbano de Usme.

La rutina de Otilia Cuervo, así como la de sus padres y vecinos, ha estado ligada con la agricultura “desde siempre”. Por esta tradición, dice, “he luchado para que no urbanicen las fincas, para que no desplacen a la comunidad campesina con la operación estratégica Nuevo Usme, que queda viva con el POT de 2004. Nosotros como campesinos hicimos la tarea de formular una propuesta de ordenamiento territorial que no acabara con las zonas rurales, creando un borde urbano rural. Pedimos centros educativos y de salud, servicios públicos, equipamientos. Nos mostramos en contra de la expansión del relleno Doña Juana, de las canteras. Pedimos que integraran el desarrollo con lo rural”.

Antes de expedir la modificación del POT en 2013, el Distrito escuchó a la comunidad campesina y el proyecto urbanístico en Usme fue archivado. El plan fue formulado durante la administración de Enrique Peñalosa y contemplaba intervenir 900 hectáreas con $300.000 millones para urbanizar legalmente la zona. Se ofrecía, en ese entonces, solución de vivienda para 200.000 personas. Evitar el crecimiento de la ciudad en la periferia fue uno de los ejes de la modificación del POT, y con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) de su lado, el Distrito logró que la zona conservara un suelo rural.

En abril de este año regresó la incertidumbre: el Consejo de Estado suspendió el POT de Petro al considerar que el alcalde no tenía la facultad para expedirlo por decreto. Ha pasado poco más de un mes desde que el alto tribunal tomó la decisión y, desde entonces, no hay certeza sobre el plan urbanístico que rige en la ciudad. La interpretación de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) es que el POT vigente es el de 2004 y que las curadurías deben expedir licencias basadas en esa norma.

“Si es así, si vuelve el POT de 2004, las zonas rurales de Usme y de la ciudad irán desapareciendo por los megaproyectos de vivienda”, sostiene Cuervo. No es una opinión individual. Diferentes sectores campesinos han preguntado a la Secretaría de Planeación cuál será el futuro del lugar en donde viven y cultivan. Reclamos provenientes desde Ciudad Bolívar, Usme, Suba y Sumapaz han llegado a las oficinas de la Secretaría.

El futuro de las zonas rurales cambia con el POT propuesto por Petro: en el de 2004 aparecen 122.258 hectáreas rurales, mientras que en el de 2013 la cifra aumenta a 124.314 (ver infografía). En los registros de la Secretaría aparece que en la Bogotá rural habitan cerca de 17.000 personas (4.497 hogares). Esta población exigió que sus peticiones fueran incluidas en la modificación del POT.

En el texto quedaron definidos tres objetivos para las zonas rurales: protección y fortalecimiento de la economía y la cultura campesina; conservación y recuperación de los ecosistemas de páramo y altoandinos para la protección del agua, y la contención de la expansión urbana y la adecuada conectividad con la región. Cada uno de estos escenarios estaría acompañado de sistemas de movilidad, servicios públicos y equipamientos urbanos.

Las aspiraciones de los pobladores de la vereda Chorrillos (Suba) resumen en buena parte lo que se esperaba con la promesa de la administración distrital. Luis Chaparro, líder comunal de la zona desde 1998, describe la situación actual como “lo peor que habría podido pasar. La mayoría de la zona no tiene acueducto ni alcantarillado; la infraestructura de servicios no existe. Desde hace 25 años se ha venido poblando la vereda sin ningún tipo de reglamentación: todo el mundo hace lo que le provoca. Esperábamos que con el nuevo POT las cosas cambiaran, y aunque no todo sigue igual, por lo menos vimos que aparecíamos en los planos”.

En la vereda habitan cerca de 700 familias. La mayoría cultiva mazorcas, tomates de árbol, papas, fresas, moras, calabazas y arvejas. Además de la ausencia de servicios, los habitantes se han quejado por la ausencia del transporte público: es necesario que tomen un bus hacia Cota, pagando más de $2.000 para movilizarse.

El director de ambiente y ruralidad de la Secretaría de Planeación, Andrés Ramírez, explica que casos como el de la vereda Chorillos fueron estudiados en profundidad para definir la modificación del POT: “Comunidades rurales como Chorrillos, Quiba Baja (Ciudad Bolívar), El Destino (Usme) y Nueva Granada (Sumapaz) fueron ignoradas en las últimas décadas. En la modificación del POT quedan reconocidos como centros poblados rurales, lo que implica que hay una mayor asignación de recursos girados para esos territorios. También se especifica la norma urbanística para que no se sigan desarrollando como asentamientos ilegales”.

La comunidad campesina de Sumapaz también entró al debate sobre la suspensión del POT. Carlos Suárez, miembro del Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz, considera que “aunque la modificación del POT no logra resolver todos los problemas ambientales, ni es muy clara frente a los megaproyectos de Sumapaz, sí hace un reconocimiento a las áreas rurales. No es un secreto que en la cuenca del río Sumapaz se adelanta un megaproyecto, una hidroeléctrica. Al perder el reconocimiento como zona de reserva campesina, esperábamos continuar defendiendo el páramo con normas rurales actualizadas”.

Lo más grave para Sumapaz, según Ramírez, es que “la Alcaldía local no ha podido ejecutar recursos porque no cuentan con las normas para construir nuevos colegios o centros de salud. Desde que el POT fue suspendido, no han podido sacar una sola licencia de construcción en el suelo rural de Bogotá”. El miércoles pasado, durante un foro organizado por Camacol, se habló sobre los efectos de la suspensión del POT. Constructores, el Ministerio de Vivienda y la Veeduría se apartaron del debate urbanístico y concluyeron que “más allá del contenido de la norma, la responsabilidad de que exista incertidumbre jurídica es del alcalde de Bogotá.