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Bogotá: 19 marzo 2014

COLOMBIA DEBERÍA ACOGER MEDIDAS CAUTELARES A PETRO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Gustavo Petro, en las que ordenó al Estado suspender de inmediato los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013 por la cual la Procuraduría destituyó al alcalde y lo inhabilitó durante 15 años. Las medidas deberán ser implementadas hasta que la CIDH se pronuncie sobre la demanda formal que presentó Petro en contra del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento para Colombia. La directora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, una de las principales organizaciones que lleva casos al Sistema Interamericano), Viviana Kristicevic, ha aclarado a este diario que la misma “Corte Constitucional colombiana ha emitido sentencias en las que señala que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento y las propias autoridades colombianas así lo han considerado también. Además, los Estados están comprometidos a cumplirlas de buena fe y si no las implementan están en violación de sus obligaciones internacionales. Ello puede acarrear múltiples consecuencias: una de ellas es que se decrete la responsabilidad agravada del Estado si se concreta la situación que la medida intentaba prevenir, también puede derivar en que se acelere el trámite ante la CIDH, entre otras”.

El Estado colombiano ha cumplido históricamente con acoger estas medidas de la CIDH, aunque ha tenido una implementación deficiente en algunos casos, según Kristicevic.

Desde el 28 de octubre, Petro envió abogados a Washington, a la sede de la CIDH, para solicitar medidas cautelares que ordenaran al Estado colombiano proteger sus derechos políticos frente a una supuesta persecución ideológica por parte del procurador Alejandro Ordoñez. Eso fue antes de que la Procuraduría emitiera el fallo de destitución, el 9 de diciembre de 2013.

Los abogados de Petro alegaron la violación del artículo 23.2 de la Convención Americana, que permitiría la destitución e inhabilidad de funcionarios públicos elegidos exclusivamente a través de “condena, por juez competente, en proceso penal”, y no mediante decisiones administrativas.

La CIDH dio la razón a los abogados y consideró que la situación del alcalde cumple con los criterios de gravedad, urgencia e irreparabilidad requeridos para otorgar las medidas cautelares. Indicó que hasta ahora no ha recibido información sobre alguna condena penal, emitida por un juez competente y en un proceso penal, en contra de Petro. Estimó que la posible aplicación de una sanción de naturaleza disciplinaria, adoptada por una autoridad administrativa, podría afectar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Petro, quien habría sido elegido por votación popular, dice la resolución publicada este martes.

Las medidas cautelares no requieren el agotamiento de los recursos internos. Se emiten con base en un estudio preliminar y buscan prevenir un daño irreparable a los derechos humanos del solicitante. Las medidas no son una decisión de fondo de la Comisión sobre la demanda formal contra el Estado colombiano que presentó Petro, en la cual alega ser víctima de violaciones a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos políticos, al derecho ante la igualdad ante la ley y a la protección judicial.

Ese caso sigue bajo conocimiento de la CIDH y este martes la Comisión anunció que se le aplicará un per saltum, una figura jurídica por la cual se le dará prioridad al proceso de Petro por encima de otras demandas que están en la fila (la CIDH tiene un atraso procesal de alrededor de ocho mil peticiones). La Comisión dará celeridad a la petición del alcalde, para declarar si es admisible y publicar un informe de Admisibilidad, antes de hacer un estudio de fondo sobre las violaciones a los DD.HH. por las cuales el Estado colombiano pueda tener alguna responsabilidad. En el informe de fondo, la CIDH emitiría recomendaciones al Estado para ajustarse al cumplimiento de los derechos o reparar a las víctimas si esto es necesario.

Kristicevic ha explicado que el Estado colombiano, bajo gobiernos de diversas tendencias políticas, ha expresado su voluntad de cumplir con las sentencias de la Corte IDH. En ese mismo sentido se han pronunciado a través de sentencias y otros actos los diversos poderes del Estado. La Corte Constitucional ha tenido un papel destacado en facilitar el dialogo y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Luego, en el proceso de implementación de las sentencias de la Corte IDH, ha habido limitaciones significativas causadas principalmente por las dificultades que se repiten en el caso colombiano para avanzar en los procesos de verdad y justicia.