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Bogotá: 16 diciembre 2013

CUESTIONAN ARGUMENTOS AMBIENTALES QUE DIO LA PROCURADURÍA PARA DESTITUIR A PETRO

Cerca de 60 de los ambientalistas más reconocidos del país; entre exministros de ambiente, académicos y directores de ONG; le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en contra de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 15 años para el ejercicio de funciones públicas al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

“Nos unimos, en consecuencia, a las voces de miles de personas que hoy expresan su preocupación por la manera como, bajo una fachada de aparente constitucionalidad, el señor procurador viene ejerciendo sus funciones de control, atropellando los pilares mismos que inspiran y justifican la Constitución”, dicen.

En la carta el grupo de ambientalista señala que la destitución del alcalde “forma parte de un proyecto ideológico que tiene como fin último la derogatoria de la Constitución Política y la implantación de un régimen en el cual desaparezca cualquier amago de oposición”.

Al igual que Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; “respeto de la legitimidad que le otorgamos al poder político cuando asistimos a las urnas y que fue desconocida por un acto administrativo a todas luces contrario a la Carta Política y al Pacto de San José”. Por tanto, aseguran que la determinación no merece protección legal por parte del Estado ni respeto por parte de la sociedad.

Cuestionan además los argumentos ambientales que dio la Procuraduría para tomar esta decisión, y argumentan que no le reconocen al procurador ninguna legitimidad para invocar consideraciones ambientales, teniendo en cuenta que la de mayoría sus actuaciones en este campo han sido claramente adversas a los derechos ambientales de la comunidad. Y citan, por ejemplo, los casos de los proyectos mineros en Santurbán y La Colosa, de los acuíferos del río Tunjuelo (Bogotá) y el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, además del otorgamiento de títulos mineros en territorios étnicos, áreas protegidas y ecosistemas estratégicos y que -en su parecer- “demuestran de qué lado se encuentra ese organismo de control frente al tema ambiental”.

Finalmente, solicitan al jefe de Estado se abstenga de tomar cualquier decisión que avale y legitime la manera como se “están pretendiendo bombardear desde adentro tanto el Estado de Derecho como la Constitución Nacional”.