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Bogotá: 10 diciembre 2013

DESTITUCIÓN E INCERTIDUMBRE

Más allá de la trascendencia política de la destitución del alcalde Petro, preocupa el futuro de una ciudad que ya vive tiempos difíciles, para la que sería muy grave un nuevo estancamiento.

En el que puede ser el hecho político más trascendental del año que termina, al mediodía de ayer el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció la decisión de sancionar, en primera instancia, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 15 años al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.
Haberle entregado la recolección de basuras a la Empresa de Acueducto sin que dicha entidad estuviera en condiciones de desempeñar la labor; haber restringido la participación de otras empresas, y la autorización que dio para que volquetas prestaran el servicio fueron las actuaciones del burgomaestre que el ente disciplinario consideró faltas gravísimas a título de dolo y que motivaron una sanción, frente a la que Petro reaccionó convocando una movilización pacífica de respaldo a su gestión en la plaza de Bolívar. Una respuesta correcta, que luego adquirió matices diferentes en su intervención desde el palacio Liévano, en la que se alejó por momentos del inicial llamado a la cordura con desafíos altisonantes pronunciados, mientras convocaba un movimiento de alcance nacional, con lo que les dio la razón a no pocos observadores que pronosticaron este desenlace.
Tan encendido como este discurso ha sido el debate sobre la legalidad de la sanción. Un procedimiento que, para decirlo con claridad, se enmarca dentro del ordenamiento jurídico, que le permite a Ordóñez obrar de esta manera. En virtud de lo anterior, su determinación debe ser acatada. Lo cual no obsta para renovar el llamado a abrir una discusión sobre la conveniencia para el Estado de derecho del modelo actual de la Procuraduría y, en particular, de su facultad para destituir a quienes han sido elegidos por voto popular.
Es claro también que en el marco del cambio de modelo de aseo se dieron desde el palacio Liévano bandazos gerenciales con cargo a las finanzas distritales. Un año después se puede afirmar que Petro escogió el peor camino para llevar a cabo el que estaba llamado a ser su programa bandera, implementándolo de afán, sin la debida asesoría y en el filo del código disciplinario.
Pero la reflexión que nos compromete ahora es el futuro inmediato de la capital. Bogotá viene de ser víctima de un saqueo inmisericorde y ahora se enfrenta a una interinidad perjudicial por donde se la mire. Asumiendo como muy poco probable que la sanción cambie luego del recurso de reposición, un período de dos años, sea a cargo de un alcalde elegido o de uno escogido por el Presidente, es muy poco tiempo para implementar políticas de largo aliento, que son las que precisamente necesita la ciudad para salir del atolladero. Lamentable situación, de la que da testimonio el estado de ánimo de sus habitantes: la última medición del programa ‘Bogotá, cómo vamos’ registró el nivel de pesimismo más bajo desde 1998.
Un escenario que debe evitarse es la semiparálisis de la Administración, que bien puede sentir que está en juego el proyecto político del Alcalde y que, por lo tanto, hay que evitar tomar decisiones. Craso error, pues la Alcaldía no puede dejar de actuar, sino que debe garantizar que esos programas se mantengan vigentes.
Asuntos como la inversión presupuestal del próximo año, la apuesta por cerrar la brecha entre ricos y pobres, la consolidación del Sistema Integrado de Transporte o la garantía de una política de derechos para los más vulnerables son legados que deben trascender cualquier cálculo político y a cualquier administración.