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Bogotá: 26 febrero 2014

FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO NO SACA A PETRO DE LA ALCALDÍA

El Consejo de Estado dejó anoche en firme la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al desestimar la tutela que pretendía tumbar el fallo del procurador y advertir que el mandatario distrital ha debido recurrir a otros recursos diferentes como la acción de nulidad. Con ello el máximo tribunal de lo contencioso administrativo sentó doctrina en el sentido de que la tutela para estos casos sólo procede cuando no existan otras vías ordinarias que otorga el Código respectivo.

La importancia de este fallo radica en que es la única acción de tutela interpuesta por el alcalde Petro, a través de su abogado Julio César Ortiz, de suerte que el Consejo de Estado quiso darle a este caso carácter prevalente y definitivo sobre las tutelas interpuestas por otros ciudadanos en lo que se ha denominado el “tutelatón”.
 
Quedan, por tanto, pendientes las tutelas interpuestas por otros ciudadanos que fueron acumuladas, en segunda instancia, por el Consejo Superior de la Judicatura, y que están para fallo en estos días. No obstante, es muy probable que ese alto tribunal siga la misma doctrina establecida por el Consejo de Estado, organismo  que, por igual, aún debe definir sobre 26 recursos de amparo más que se interpusieron en primera instancia ante el Tribunal  Superior de Cundinamarca.
 
 
El fallo

 
Después de más de 8 horas de reunión, la sala plena del Consejo de Estado rechazó la ponencia del magistrado Guillermo Vargas.
 
La ponencia que favorecía al mandatario fue discutida por largo tiempo en el alto tribunal, sin lograr convencer a los magistrados, quienes decidieron dar la razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la había negado.
 
La presidenta del Consejo de Estado, magistrada María Claudia Rojas, dijo que "como punto que quedó claro es la competencia que el Consejo de Estado le reconoce al señor procurador general de la Nación para la investigación disciplinaria de los funcionarios elegidos popularmente".
 
Ahora el proceso pasará a una nueva ponencia, en este caso del magistrado Alfonso Vargas, con las tutelas que interpusieron los ciudadanos para defender a Petro.

Únicamente se falló la tutela interpuesta directamente por el alcalde mayor de Bogotá. Las demás tutelas se acumulan y serán debatidas en un solo proyecto. La idea es que el fallo del Consejo sea una directriz, explicó la magistrada.
 
Frente a la tutela, Rojas indicó que el acalde de Bogotá tiene un mecanismo diferente para controvertir la decisión de la Procuraduría: "La tesis para haber negado este recurso es la existencia de otro medio de defensa judicial idóneo contenido en el Código contencioso administrativo, que además contempla las medidas cautelares de una forma mucho más amplia para el juez".
 
"El alcalde no se tiene que ir. Hay que esperar la próxima ponencia que presente el magistrado a quien le ha correspondido, quien deberá recoger la posición mayoritaria y él tendrá la discrecionalidad de incorporar en su ponencia lo que él considere", agregó.
 
"La tutela no fue rechazada. El proyecto de ponencia fue negado. Por eso hay que esperar la nueva ponencia", precisó la magistrada Rojas.
 
En cuanto a los tiempos para fallar, la magistrada señaló que al magistrado Vargas "hay que darle un tiempo prudencial para que elabore un nuevo proyecto".
 
Lo que viene
 
El alcalde Petro se limitó a tuitear anoche que “la única defensa que le queda a la Bogotá Humana es la ciudadanía misma movilizada” y convocó a sus seguidores para el viernes en la Plaza de Bolívar.
 
Por su parte, el defensor del burgomaestre, el exfiscal Mario Iguarán, precisó que ahora el caso se traslada a varios escenarios en los que seguirá buscando frenar la destitución.
 
En primer lugar, la tutela fallada por el Consejo de Estado, una vez quede en firme, puede ser revisada por la Corte Constitucional. “La decisión del Consejo de Estado puede ser revisada por la Corte Constitucional”, por lo que “ese fallo no significa que el día de mañana el alcalde Petro tenga que abandonar la Alcaldía de Bogotá”, aseguró Iguarán.
 
Por otra parte, aún está pendiente que el Consejo Superior de la Judicatura falle sobre las tutelas acumuladas. Se trata de unas 300 acciones judiciales que suspendieron la decisión de la Procuraduría.
 
Iguarán también refirió que está la opción potestativa del presidente Juan Manuel Santos de decidir no emitir el decreto de destitución.
 
“Hay que esperar la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, como también la decisión del presidente, que cuando tenga que hacer efectiva la decisión del Procurador tendrá que analizar si ello es constitucional o no”, indicó Iguarán.
 
Está la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte las medidas que Petro le ha solicitado. La CIDH podría ordenar medidas que suspendan la determinación de la Procuraduría mientras que se pronuncia de fondo.
 
Y finalmente, se puede optar por interponer un recurso de nulidad ante un juez administrativo para que éste le otorgue medidas cautelares de urgencia, suspendiendo el fallo mientras se define de fondo, lo que duraría meses e incluso más de un año.