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Bogotá: 24 febrero 2014

SE REANUDA DEBATE EN EL CONSEJO DE ESTADO POR TUTELA CONTRA DESTITUCIÓN DE PETRO

Se espera que hoy  se inicie el debate de fondo frente a la ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala que argumenta que la Procuraduría General incurrió en fallas en el marco de la investigación que terminó con la sanción disciplinaria al alcalde de Bogotá. 

Se reanudará en la Sala Plena del Consejo de Estado el estudio de la acción de tutela radicada por los abogados del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro contra la sanción disciplinaria emitida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General consistente en destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación e implementación en el nuevo modelo de aseo en la capital de la República a finales del 2012.

Esta es la tercera Sala que se celebrará en menos de ocho días frente a esta acción judicial. En las dos sesiones anteriores se estudiaron temas relacionados con el presunto abuso del uso de la tutela por parte de los abogados y los seguidores del burgomaestre en la denominada “tutelatón” que se convocó a finales del año pasado. En este punto se estableció que no se presentó una falla ya que es una herramienta para proteger los derechos fundamentales que se consideran han sido vulnerados como se argumenta en este caso.

En la ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, y la cual se espera sea debatida a fondo en la Sala, se argumentan que la Procuraduría General sí tiene la facultad constitucional para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios públicos elegidos por voto popular, por lo que no se aceptan los argumentos esgrimidos en la tutela sobre una extralimitación de funciones por parte del Ministerio Público.
Sin embargo, en el extenso documento de 177 páginas, se asegura que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General incurrió en una vulneración al debido proceso para el mandatario distrital, en cuanto la valoración de las pruebas recolectadas, excediendo así lo establecido por el Código Único Disciplinario frente a la responsabilidad del alcalde de Bogotá en cuanto a la celebración de contratos.

En la ponencia, publicada en exclusiva por El Espectador, se manifestó que el Ministerio Público se había centrado en demostrar que Petro estaba detrás de esas decisiones —lo que, aseguró, era bastante obvio y tampoco era una falta en sí— pero, en cambio, “fundó su criterio en medios de prueba no aptos (y) omitió apreciar las evidencias que señalan la falta de responsabilidad del disciplinado”.

Sobre el Decreto 564 de 2012, con el cual Petro cambió el esquema de recolección de basuras de Bogotá, el magistrado Vargas le dio la razón al alcalde: el haber diseñado y ejecutado una política pública no es una falta disciplinaria. Según el documento, con la decisión de sancionar a Petro por haber emitido ese decreto, la Procuraduría excedió los límites del derecho disciplinario al no haber logrado demostrar que Petro, efectivamente, había transgredido “la obediencia, disciplina y rectitud que son los valores que el Estado exige a los funcionarios públicos” a la hora de poner en marcha políticas que estén relacionadas con la prestación de un servicio público.

Por último, con respecto a los efectos que las decisiones de Petro tuvieron sobre el medio ambiente, el proyecto de fallo subraya la violación al debido proceso que allí habría ocurrido: ni a la defensa del alcalde ni al equipo técnico del Distrito se les permitió conocer las credenciales profesionales y técnicas ni la metodología que tenía el perito de la Procuraduría, quien dedujo “técnicamente” que en Bogotá había ocurrido una emergencia sanitaria entre el 18 y 21 de diciembre de 2012. Incluso, el documento calificó las pruebas de “ilegítimas”. La Procuraduría aseguró en su decisión que Petro había actuado con dolo, es decir, consciente de que violaba las leyes. El proyecto de fallo refuta tal aseveración.

El pasado 13 de enero, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción disciplinaria contra el alcalde de Bogotá al considerar que incurrió en tres faltas gravísimas al título del dolo al haber firmado los contratos que le entregaron la recolección de basuras a la Empresa de Acueducto de Bogotá, la expedición del contrato para la modificación del nuevo modelo de aseo “totalmente contrario al ordenamiento jurídico” y el daño ambiental y la salud de los bogotanos.

Se espera que en el transcurso de esta semana se tome una decisión de fondo sobre esta acción judicial que define claramente la continuidad de Petro Urrego como alcalde de la capital de la República.